Fue en el programa "Los 7 locos", que se emitió el sábado 28 de noviembre de 2015, pero lo subo a mi blog recién ahora, consecuencia de los días intensos que siguieron a las elecciones presidenciales del 25/11.
A veces el teatro cede protagonismo a la llamada realidad. Es que los lenguajes de la poesía en cualquiera de sus formas contienen, interpretan y traducen lo real para permitir que la a veces absurda apariencia del presente pueda ser comprendida en el porvenir. En estos días, la fábula del "Flautista de Hamelin" parece resignificarse en la Argentina donde millones marcharon libremente (¿libremente?) a su suicidio al votar en contra de sus propios intereses. Fueron inducidos no ya por el metafórico flautista sino por la prédica lobotomizante de la corporación mediática.
Hoy ya no tenemos con nosotros a Juan Carlos Gené para que nos esclarezca con la luz y el dramatismo de su pensamiento acerca de los acontecimientos actuales. Pero acaso nos sirva releer su reflexión que en el libro incluí en la página 160, donde proyecta posibles medidas de rescate para el país que se hundía en 2000/1 y evalúa los resultados de las gestiones de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en el año 2011, cuando faltaba menos de un mes para que su arte y su sabiduría nos dejara definitivamente. Para quienes no quieran o no puedan leer esas párrafos del libro, los pego debajo del video.
De "Mi patria es el escenario" (pág. 160 y sigs.), textual de Juan Carlos Gené:
Febrero de 2002
Justicia social,
independencia económica, soberanía política
Quizá,
de las tres banderas tradicionales del peronismo, es hoy la soberanía la que
parece un concepto anacrónico en un mundo cuyas porosidades destrozan fronteras
geográficas, sistemas económicos y culturales, con la misma facilidad e
idéntica impunidad.
Sin embargo, creo hay un punto clave
donde los países marginales podemos apoyar el concepto de soberanía con
vigencia actual y es el relativo al
fortalecimiento del Estado como expresión política de la Nación. Precisamente
cuando los medios baten el parche del desprestigio del que llaman estado
benefactor, adjudicándole un carácter demasiado parecido al caritativo (como si la seguridad social,
el pleno empleo, la salud, la educación, la vivienda y el retiro digno,
hubiesen dejado de ser derechos universales para devenir limosnas sólo
sustentables cuando algo sobra), creo debemos recuperar el concepto de estado
responsable. Ya que no sólo los nombrados son derechos reconocidos como tales
en más o menos todo el mundo, sino en nuestra Constitución.
Sólo que los preceptos
constitucionales se han reducido a palabras sin sentido, cuando simultáneamente
con la operación de incorporar tales derechos a la ley supuestamente
fundamental de l994, se procedía al desarme sistemático de todas las
estructuras del Estado Nacional que, de alguna manera pudiesen significar un
obstáculo al delirio privatizador que impuso la filosofía económica del
Proceso, que dejó esa herencia obligatoria para los sucesores democráticos.
Si en algo deberíamos y creo
podríamos, recuperar soberanía, es en comenzar a reconstruir el Estado como
expresión activa de esa soberanía.
El momento parece oportuno, porque
el país, al tocar el fondo de la catástrofe y comprobar que todo ha sido hecho
para el desmantelamiento de Estado, economía, tejido social, organizaciones
populares y personalidad cultural, despierta colectivamente de un sueño
inducido, para descubrir que hemos sido despojados hasta niveles inconcebibles.
En mi
opinión de simple ciudadano nada especializado
en cuestiones económicas y en tramas de poder, me parece que los
basamentos del despojo son dos: destrucción de todo el aparato productivo
propio y sostenimiento de un sistema de zona liberada para las aventuras del
capital financiero, con la correspondiente estimulación de la única fuente
posible de alimentación de un régimen
especulativo que sólo tiene la alternativa de endeudarse sin fin, para pagar
sin fin una deuda sin fin posible. Y como llave maestra, la privatización de
las empresas del Estado que, de la noche a la mañana, convirtieron mágicamente
su proverbial y pesadísimo déficit, en
rentabilidades sorprendentes (cuando no fueron vaciadas expresamente por sus adquirentes, como en el
caso de Aerolíneas Argentinas –que, de paso sea dicho, no era deficitaria y fue
el ejemplo de una privatización escandalosa con per saltum de la SCJ y todo, como podemos decir
también de paso, que tampoco Gas del
Estado era deficitaria en el momento de su entrega...)
Por supuesto, dar marcha atrás en la
privatización de los empresas del Estado, resultaría un objetivo de máxima de
naturaleza quimérica, porque dependería de la fuerza de un Estado con el poder
necesario para enfrentar los intereses enormes que están en juego. Pero como se
trata de una de las piezas maestras del despojo, creo posibles correcciones
urgentes de las condiciones en que esas empresas desarrollan su actividad,
partiendo, con igual urgencia de la
construcción o reconstrucción de los entes
de control estatal, sobre las instituciones privatizadas: cánones e
impuestos que no se pagan,
inversiones
obligadas por contrato que no se cumplen, servicios públicos cada vez más
deficientes, quiebras y convocatorias de acreedores de empresas que,
desmintiendo las mitologías sobre la eficiencia del capital privado, fracasan y
reclaman el socorro del Estado o amenazan abandonar las concesiones junto con
los servicios.
Si bien en todas las empresas
privatizadas y en mayor o menor medida, tales desórdenes están a la orden del
día, es demasiado llamativo el caso de los ferrocarriles, ya sea urbanos o de
larga distancia, que le cuestan al Estado, en subsidios, cantidades que superan
en mucho el déficit que le significaban ser su propietario.
Es inevitable asociar el tema al más
general de la corrupción, pues no se trata en todo esto sino de corrupción,
abuso, incumplimiento de deberes de funcionarios, cuando no de complicidades
que en todos los casos, pueden y deben dar lugar a la acción pública.
Se da así la paradoja de que los entes controladores tiene que ser
controlados y la propuesta de que las
organizaciones de derechos humanos junto con el Colegio de Abogados,
constituyan una Comisión Investigadora con apoyo internacional, parece
aceptable, posible y recomendable.
Naturalmente, existe un acceso al
parecer indispensable a toda posible acción recuperadora del poder del Estado,
y es la remoción de la actual Suprema Corte de Justicia y, en ese sentido, el
juicio político es el único camino institucional posible para lograrlo.
Multinacionales y bancos, que han
sido los beneficiarios escandalosos del último decenio de aplicación rabiosa de
las ortodoxia neoliberal globalizadora, deben terminar este monopolio de poder
que nos ha destruido y que ha llegado a la última rapiña con la incautación de
la totalidad del dinero argentino que antes ellos no lograron remitir al
exterior. No puede haber ajustes de tarifas de servicios públicos en dólares, y
menos orientadas por la inflación en USA y la presión popular debe insistir en
el impuesto a la exportación petrolera, del que se comenzó exigiendo rigiese
inmediatamente y del que cada día se habla menos.
El Banco Central debe regular y
controlar todas las operaciones de las entidades financieras que a esa
autoridad deben quedar subordinadas Y como hablamos de entidades financieras,
no podemos eludir el tema de las AFJP y de la necesidad del retorno al sistema
estatal de reparto, así como de la reimplantación de los aportes patronales,
que al ser eliminados para crear trabajo más flexiblemente, lograron, junto con
un aumento desesperante de la desocupación, otro semejante del déficit del
Estado.
Dos reformas impositivas son
indispensables: el impuesto único (modelo inglés) y coyuntural, a todas las
empresas privatizadas y el impuesto a las inversiones financieras no
productivas (que internacionalmente es conocido como Tasa Tobin). Y por
supuesto y definitivamente, la reforma impositiva debe hacer recaer seriamente
las mayores cargas sobre los que más tienen y terminar también y
definitivamente con la gran evasión.
La deuda pública, cuya ilegitimidad
ha sido ya ventilada en toda clase de foros internacionales y publicaciones
especializadas, fue además declarada fraudulenta en su mayor parte por un fallo
judicial. Sin embargo, la opinión pública no parece tomar conciencia de que se
trata de la estructura misma del robo a la Nación. La deuda ha
sido ya pagada varias veces y el cambio
radical e inmediato de relación del Estado con los titulados acreedores forma
parte de una estrategia obligada de nuestra política internacional. Como la
negativa a entrar en el ALCA, y a toda respuesta de automática adhesión a la política
internacional de USA.
Creemos posible sustituir el financiamiento externo de
nuestras necesidades con el producto de la exportación orgánicamente
estructurada y orientada por el Estado y con legislación impositiva, todo ello
en un marco simultáneo y también urgente de sustitución y limitación de
importaciones.
Creemos que tal política podría reactivar seriamente
el mercado interno, crear fuentes de trabajo y equilibrar el inmenso déficit
social que agobia a las capas más sumergidas de la población.
De la reforma
política.
Todas
las medidas que creemos posibles, lo son
si existe el Estado con el poder necesario para realizarlas. El quiebre
presente entre el pueblo y los partidos y dirigentes por los que aquel ya no se
siente representado, ha llevado la crisis a un punto muy grave. La movilización
popular permanente no encuentra hasta ahora una expresión política organizada;
el momento reviste la peligrosidad de las instancias aptas para las irrupciones
de mesianismos de derecha o de izquierda. Mucho más cuando la centrales del
poder siembran sobre Argentina alarmas que no se refieren al sufrimiento de un
pueblo
saqueado,
sino a los peligros del desorden, el caos y el populismo. Y tenemos ya la
suficiente experiencia para adivinar detrás de tales diagnósticos advertencias
sobre derivaciones graves de esta situación.
El Gobierno ha convocado a
elecciones, intenta achicar el costo de la política, reformar la constitución
y, en fin, cambiar formas que no hacen al fondo de la cuestión.
La movilización popular no debe
detenerse, pero es ella quien debe intentar detener el régimen del clientelismo
político, quien debe reclamar la revitalización de las economías regionales y
la conformación de nuevas organizaciones políticas, pese al brevísimo período
que nos separa ya de las elecciones (septiembre 2003). Pero si algo debe estar
claro es que el bipartidismo (peronismo-radicalismo) ha dejado de existir y
que, como se dice con exactitud, tenemos un sólo partido con dos alas derechas.
Para el peronismo, como memoria y vivencia de lucha por la justicia social y la
independencia económica y política del país, creemos debe quedar claro que, en
todo sentido, ha vuelto a regir el diagnóstico de Jauretche: “A barajar y a dar
de nuevo”.
Diciembre
de 2011
Al
releer este informe veo que una parte esencial de las políticas propuestas ha
sido llevada a cabo por las presidencias sucesivas de Néstor Kirchner y de
Cristina Fernández de Kirchner, incluso dando, en algunos aspectos, pasos más
abarcadores de lo que el documento está señalando."